Washington, 6 de mayo de 2025 – En un movimiento sin precedentes, la administración del presidente Donald Trump ha implementado una nueva estrategia para abordar la inmigración ilegal en Estados Unidos, ofreciendo un incentivo económico de $1,000 y un vuelo gratuito a su país de origen a los inmigrantes indocumentados que opten por autodeportarse. Esta medida, anunciada el pasado lunes, forma parte de una campaña más amplia para cumplir con la promesa de Trump de ejecutar la mayor operación de deportación en la historia del país.
Detalles de la Nueva Política
La iniciativa, liderada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y promovida por la secretaria Kristi Noem, permite a los inmigrantes registrarse a través de la aplicación móvil CBP Home (anteriormente conocida como CBP One) para coordinar su salida voluntaria. Según el DHS, los inmigrantes que confirmen su regreso a su país de origen a través de la aplicación recibirán el estipendio de $1,000, una medida que el gobierno describe como «la opción más segura, digna y rentable» para abandonar EE.UU.
El DHS ha destacado que el costo promedio de arrestar, detener y deportar a un inmigrante es de aproximadamente $17,121, lo que hace que el programa de autodeportación represente un ahorro significativo para los contribuyentes, estimado en un 70%. Hasta ahora, se ha reportado que al menos un inmigrante de Honduras ha utilizado la aplicación para regresar desde Chicago a su país, y se han adquirido otros boletos, aunque no se han revelado cifras exactas sobre la cantidad de personas que han participado.
Contexto y Estrategias Complementarias
Esta oferta económica se suma a otras tácticas agresivas de la administración Trump para presionar a los inmigrantes a abandonar el país. Desde el inicio de su segundo mandato el 20 de enero de 2025, el gobierno ha deportado a más de 139,000 personas, según datos oficiales, aunque las cifras mensuales de deportaciones han sido inferiores a las del último año de la administración Biden, lo que ha generado críticas internas y externas.
Entre las medidas recientes, se incluye la controvertida decisión de incluir a miles de inmigrantes en la base de datos de «muertos» de la Seguridad Social, una táctica destinada a bloquear su acceso a servicios financieros como cuentas bancarias y tarjetas de crédito, incentivando así la autodeportación. Esta práctica, que ha sido cuestionada por su legalidad, ha afectado a personas con órdenes de deportación finales y, en algunos casos, a inmigrantes con estatus legal temporal que han perdido sus protecciones bajo las nuevas políticas.
Además, el gobierno ha intensificado las multas para aquellos que no cumplan con las órdenes de deportación, imponiendo sanciones de hasta $998 por día, lo que podría acumularse en más de $1 millón en cinco años. También se ha propuesto la confiscación de propiedades de quienes no paguen estas multas, una medida que podría impactar a hogares de estatus mixto, donde conviven ciudadanos estadounidenses o residentes legales con inmigrantes indocumentados.
Reacciones y Controversias
La política ha generado una ola de reacciones polarizadas. Por un lado, los defensores de las políticas de Trump, como el subdirector de personal de la Casa Blanca, Stephen Miller, argumentan que estas medidas son necesarias para cumplir con las leyes migratorias y proteger los intereses de los ciudadanos estadounidenses. Miller ha enfatizado que las autodeportaciones son una alternativa que permite a los inmigrantes «salir con dignidad» y potencialmente regresar legalmente en el futuro, aunque no se han aclarado los mecanismos para que esto ocurra.
Por otro lado, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, como el American Immigration Council, han condenado la iniciativa, argumentando que los incentivos económicos y las tácticas coercitivas, como las multas y la inclusión en la base de datos de «muertos», ejercen una presión desproporcionada sobre comunidades vulnerables. Estas organizaciones advierten que las deportaciones masivas podrían tener un costo económico devastador, estimado en $315 mil millones para deportar a 11 millones de inmigrantes indocumentados, además de pérdidas en contribuciones fiscales y poder adquisitivo.
Asimismo, la comunidad internacional ha expresado preocupación. Países como México han comenzado a construir refugios temporales en nueve ciudades fronterizas para recibir a los deportados, mientras que Colombia enfrentó un breve conflicto diplomático tras rechazar inicialmente vuelos de deportación, cediendo luego ante amenazas de aranceles por parte de EE.UU.
Actualizaciones de Última Hora
A fecha de hoy, 6 de mayo de 2025, el DHS ha intensificado su campaña publicitaria para promover la autodeportación, lanzando anuncios en múltiples idiomas a través de radio, televisión y plataformas digitales, tanto en EE.UU. como en el extranjero. Estos anuncios advierten a los inmigrantes indocumentados que «no pueden esconderse» y que enfrentarán consecuencias severas si no utilizan la aplicación CBP Home para salir del país.
Además, se ha reportado un aumento en las operaciones de enforcement en el interior del país. En Florida, la operación «Tidal Wave» resultó en la detención de casi 1,000 inmigrantes con antecedentes penales, incluyendo miembros de pandillas como MS-13. Estas acciones, combinadas con la colaboración de agencias locales bajo el programa 287(g), indican que la administración planea escalar sus esfuerzos en los próximos meses.
En el ámbito legal, un juez federal bloqueó recientemente el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar a nacionales venezolanos, calificando la medida como «ilegal». Esta decisión representa un revés para la administración, que enfrenta múltiples demandas por sus tácticas de deportación, incluyendo la eliminación de jueces de inmigración y la reducción de protecciones legales para los inmigrantes.
Perspectivas Futuras
A medida que la administración Trump avanza en su segundo mandato, el programa de autodeportación y las políticas migratorias asociadas seguirán siendo un punto focal de debate. Expertos como Kathleen Bush-Joseph del Migration Policy Institute estiman que la administración podría deportar a cerca de 500,000 personas en su primer año, una cifra significativa pero lejos del objetivo de un millón anual prometido por Trump.
El éxito del programa de autodeportación dependerá en gran medida de la participación de los inmigrantes, un desafío considerando que iniciativas similares, como la Operación Self Departure de 2008, tuvieron una participación mínima, con solo ocho personas inscribiéndose. Mientras tanto, las comunidades inmigrantes enfrentan un clima de incertidumbre, con carteles en las cortes de inmigración que advierten sobre la necesidad de autodeportarse para evitar consecuencias legales.
La Casa Blanca ha prometido más detalles sobre la implementación del programa en las próximas semanas, incluyendo posibles ampliaciones del estipendio y nuevas medidas para agilizar las deportaciones. Sin embargo, con las crecientes tensiones legales y sociales, el camino hacia las «deportaciones masivas» prometidas por Trump enfrenta obstáculos significativos, tanto logísticos como éticos.
