Padres de Niña de 9 Años Presuntamente Abusada por Militar en Cozumel Denuncian Irregularidades en el Proceso, Fiscalía Alteró Declaración
Cozumel, Quintana Roo – 1 de septiembre de 2025. En una entrevista exclusiva con la reportera del medio digital «Código Rojo», los padres de una niña de 9 años relataron con detalle los angustiosos momentos que vivieron la noche del 30 de agosto, cuando su hija, quien se dedicaba a vender chicharrones como un pequeño emprendimiento, fue presuntamente secuestrada y abusada sexualmente por un militar en las instalaciones de la base militar de Cozumel. Los progenitores, quienes prefirieron mantener su identidad oculta al dar la espalda a la cámara durante la entrevista, expresaron su indignación por el trato recibido en las instituciones involucradas, incluyendo presiones para alterar declaraciones, revictimización y hostigamiento por parte de autoridades locales y federales.
La madre de la menor, visiblemente afectada y con voz entrecortada, comenzó narrando cómo todo inició esa fatídica noche. Según su testimonio, la niña salía regularmente a vender chicharrones en las calles de Cozumel, un negocio propio que le permitía ahorrar en un «cochinito» para sus gastos personales. Los padres, como de costumbre, le pidieron que compartiera su ubicación a través de una aplicación de mensajería para asegurarse de su seguridad. Sin embargo, recibieron mensajes alarmantes en los que la niña pedía ayuda desesperadamente y enviaba su ubicación, la cual indicaba que se encontraba dentro de la base militar de la isla.
Ante la urgencia, la madre solicitó ayuda a un vendedor de helados, quien la llevó en su motocicleta para recorrer la costera de Cozumel en busca de la menor. «Gritaba su nombre por todos lados, pero no había respuesta», relató la madre, describiendo la desesperación que sentía mientras daban vueltas sin éxito. Al llegar a las inmediaciones de la base militar, uno de los soldados accedió a compartir una foto de la niña en un grupo de WhatsApp interno de los elementos del Ejército en Cozumel. Minutos después, la menor apareció en la zona de las rampas cercanas a la instalación militar, visiblemente alterada y asustada.
La niña, una vez reunida con su madre, contó una versión aterradora de los hechos. Según el relato de la menor, el militar la abordó en la calle 8 Norte, esquina con Avenida Rafael E. Melgar, y la obligó a subir a su motocicleta con destino al cuartel. La madre confirmó que los guardias en la caseta de vigilancia no cuestionaron al agresor sobre la presencia de la niña en las instalaciones. Una vez dentro, el militar la llevó a su residencia, donde, según la niña, había otras tres menores presentes. Allí, el presunto agresor la presentó a las otras niñas y procedió a tocarla indebidamente frente a ellas.
El horror no terminó ahí. La madre continuó relatando que su hija le confió que, tras los tocamientos iniciales, el militar le ordenó subir nuevamente a la motocicleta bajo amenaza de que «le iba a ir peor». Salieron de la residencia y, en un área con mucha hierba dentro de la misma zona militar, el hombre la arrojó al suelo y la persiguió cuando ella intentó huir. En ese momento, según la niña, el militar la tocó nuevamente, la besó y le advirtió que realizarían «cosas indebidas» por solo cinco minutos, pero que no gritara o mataría a su mamá. La menor, aterrorizada, se quedó callada y obedeció. Finalmente, el agresor la subió de nuevo a la motocicleta, salió de la base y la abandonó en la zona de las rampas, donde la niña pidió auxilio a una señora que se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas en el lugar. La madre, que no estaba lejos, acudió inmediatamente al sitio.
La familia enfatizó que la niña no es una niña de la calle, sino una estudiante responsable junto con sus dos hermanos, y que su venta de chicharrones era un emprendimiento inocente para fomentar su independencia. «No veo bien que mi hija no pueda caminar libremente», lamentó la madre, destacando la vulnerabilidad de los niños en las calles de Cozumel y la necesidad de mayor seguridad.
Irregularidades en la Denuncia y Presiones Institucionales
El calvario de la familia no se limitó al incidente en sí, sino que se extendió al proceso de denuncia en la Fiscalía General del Estado. La madre denunció que fue presionada para dar su declaración antes de que su hija recibiera una evaluación médica completa. Una licenciada la llamó insistentemente para que emitiera el testimonio, y una vez en la fiscalía, alteró el contenido de la declaración. «Pusieron cosas que nunca dije, como que nosotros conocíamos al militar, y que incluso la niña lo conocía, lo cual es totalmente falso», afirmó la madre. Según ella, la licenciada justificó estas modificaciones argumentando que era para «agilizar el proceso».
La declaración se completó alrededor de la 1:00 p.m. del domingo 31 de agosto, pero en ese momento aún no se había identificado al presunto agresor. Solo horas después, se reveló que se trataba de un individuo llamado Jairo Pérez. La madre relató que fue coaccionada para firmar el documento sin leerlo previamente, bajo la amenaza de que, de no hacerlo, el detenido quedaría en libertad. Además, la licenciada le informó que en la investigación no se imputaría al acusado por intento de feminicidio, limitándose a cargos por secuestro y abuso sexual, sin proporcionar más detalles sobre el procedimiento.
A pesar de las afirmaciones públicas del presidente municipal, quien en la madrugada del 31 de agosto declaró a los medios que la niña había recibido atención psicológica inmediata, la madre aseguró que para la tarde de ese día, su hija aún no había sido examinada por una pediatra ni consultado con un psicólogo. «Nos trataron mal en la fiscalía y revictimizaron a mi hija», denunció la madre, visiblemente indignada por el manejo del caso.
La familia también enfrenta una investigación por parte del DIF (Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia), ordenada por el presidente municipal, con un citatorio programado para el viernes 5 de septiembre. La madre rechazó las declaraciones del alcalde, quien afirmó que los padres estaban en su casa viendo televisión durante el incidente, aclarando que en realidad estaban trabajando. Llorando, pidió empatía a la sociedad: «Si algo nos pasa a mí, a mi familia o a mi hija, hago responsables a la milicia, a la Fiscalía General y al presidente municipal, porque hemos recibido hostigamiento de su parte».
El padre de la niña, quien intervino al final de la entrevista, agregó que en el hospital les restringieron las llamadas telefónicas y las salidas, limitando su comunicación con el exterior. Además, en la fiscalía les prohibieron hablar con los medios de comunicación, y el presidente municipal se acercó personalmente para reiterar esa orden. Como un intento aparente de soborno, el alcalde les ofreció resolver los útiles escolares de la niña «como si nada grave estuviera pasando». El 1 de septiembre, la madre recibió una llamada del secretario del ayuntamiento ofreciendo uniformes y útiles, oferta que rechazó rotundamente.
En un episodio adicional de hostigamiento, la policía visitó el trabajo del vendedor de helados que ayudó a la madre, con la intención de interrogarlo, aunque afortunadamente no lo encontraron. Mientras los padres estaban ocupados con el proceso legal, personal del DIF acudió a su hogar para cuestionar a sus otros dos hijos sin su supervisión, lo cual la madre calificó como una acción ilegal.
Llamado a la Justicia y Empatía
Los padres concluyeron la entrevista exigiendo justicia para su hija y transparencia en el proceso. El padre enfatizó que las restricciones en el hospital y la fiscalía les impidieron buscar apoyo externo de manera oportuna. Esta denuncia pública surge en medio de crecientes preocupaciones sobre la seguridad infantil en Cozumel y el manejo de casos de abuso sexual por parte de instituciones públicas, especialmente cuando involucran a elementos de las fuerzas armadas.
«Código Rojo» ha publicado la entrevista completa en su plataforma digital, donde los padres esperan que su testimonio genere presión para una investigación imparcial. Hasta el momento, ni la Fiscalía General del Estado ni el Ayuntamiento de Cozumel han emitido comentarios oficiales sobre estas acusaciones. La sociedad civil y organizaciones de derechos humanos han comenzado a manifestar su solidaridad con la familia, exigiendo que se proteja a la menor y se castigue a los responsables sin dilaciones ni irregularidades.
