Derechos Humanos Investiga Omisión de Alcalde Cozumel y Gobernadora de Quintana Roo en Caso de Niña Abusada por Militar
Cozumel, Quintana Roo, 5 de septiembre de 2025 – Una queja por probables violaciones de derechos humanos ha sido presentada contra autoridades municipales y estatales de Cozumel, en relación con el caso de una niña de 9 años víctima de abuso sexual dentro de la Guarnición Militar de la isla, ocurrido el pasado 30 de agosto. La investigación, confirmada por Ángel Salvador Mis, tercer visitador de Derechos Humanos, involucra al alcalde de Cozumel, José Luis Chacón Méndez, y al Ministerio Público.
Según las autoridades, la menor fue ingresada por la entrada principal de la base militar, acompañada por el presunto agresor, identificado como Jairo N., un militar en activo, con la autorización del personal de guardia. El abuso habría ocurrido en una vivienda de la unidad habitacional, frente a supuestas hijas del agresor. Salvador Mis señaló que, aunque no se pueden divulgar detalles por la naturaleza del caso, la Comisión de Derechos Humanos ya está dando trámite a la queja y se encuentra en contacto con la Comisión Nacional para garantizar un seguimiento adecuado.
Organizaciones defensoras de derechos humanos y colectivos feministas emitieron un comunicado conjunto dirigido a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama; y la secretaria de Gobierno, Cristina Torres. En el documento, exigen justicia para la menor y su familia, así como el cese de cualquier intento de encubrimiento institucional por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Las agrupaciones destacaron que el caso debe ser procesado en la jurisdicción civil con total transparencia, evitando cualquier privilegio castrense.
El comunicado también denuncia la revictimización de la familia, acusando a la Fiscalía General del Estado de intentar minimizar los hechos y de presionar para que se firmaran declaraciones falsas. Asimismo, se criticaron las declaraciones del alcalde Chacón Méndez, quien responsabilizó a los padres de la menor, lo cual las organizaciones consideran una violación a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Entre las demandas de los colectivos se encuentran la aplicación de la pena máxima al agresor, una investigación exhaustiva sobre la posible presencia de otras menores en las instalaciones militares, el cese del hostigamiento hacia la familia, la destitución de los funcionarios que manipularon el caso y una disculpa pública por parte del alcalde. Las organizaciones enfatizaron que “la justicia para las niñas debe estar por encima de cualquier interés político o institucional” y que “la vida y seguridad de la niñez no pueden estar subordinadas a la protección de estructuras de poder”.
El caso ha generado indignación en la sociedad civil, que exige medidas urgentes para garantizar la protección de las víctimas y evitar la impunidad en un hecho que pone en evidencia fallas institucionales tanto en el ámbito militar como en el civil.
