En una acción que ha generado polémica legal y humanitaria, el gobierno de Estados Unidos deportó a Jesús Muñoz Gutiérrez, un ciudadano mexicano condenado por asesinato en segundo grado, junto con siete extranjeros más, a Sudán del Sur. Esta medida se llevó a cabo a pesar de una orden judicial federal que prohibía tales deportaciones sin el debido proceso, lo que ha desatado críticas de organizaciones de derechos humanos y un enfrentamiento entre la administración y el poder judicial.
Detalles de la Deportación
El 21 de mayo de 2025, la administración del presidente Donald Trump confirmó la deportación de ocho individuos, entre ellos Jesús Muñoz Gutiérrez, un nacional mexicano que cumplía una condena de cadena perpetua por asesinato en segundo grado. Muñoz Gutiérrez fue arrestado por U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) el 12 de mayo de 2025, mientras se encontraba en Estados Unidos sin documentación legal. Junto a él, fueron deportados Enrique Arias Hierro y José Manuel Rodríguez, de Cuba; Thongxay Nilakout, de Laos; Kyaw Mya y Nyo Myint, de Birmania; Tuan Thanh Phan, de Vietnam; y Dian Peter Domach, de Sudán del Sur. Todos habían sido condenados por crímenes graves, según el DHS.
La deportación se realizó desde Texas, aunque la fecha exacta del vuelo no fue revelada inicialmente. Según el DHS, los países de origen de los deportados se negaron a recibirlos, lo que llevó a la decisión de enviarlos a Sudán del Sur, un país que enfrenta conflictos armados, inestabilidad política y violaciones de derechos humanos, según reportes de organizaciones internacionales.
Violación de una Orden Judicial
En abril de 2025, el juez federal Brian Murphy, de la Corte Federal de Distrito en Boston, Massachusetts, emitió una orden que prohibía deportar migrantes a países distintos a los suyos sin otorgarles al menos 15 días para impugnar su remoción. Esta medida buscaba garantizar el debido proceso y proteger a los migrantes de ser enviados a lugares donde pudieran enfrentar peligro. A pesar de esta orden, el DHS procedió con la deportación, lo que llevó a una audiencia de emergencia en la que el juez Murphy declaró que la administración «inquestionablemente» había violado su mandato.
Durante la audiencia, los abogados de los migrantes, liderados por Trina Realmuto, argumentaron que el avión debería regresar a Estados Unidos para que los deportados pudieran recibir el debido proceso en suelo estadounidense. Por su parte, Drew Ensign, abogado del Departamento de Justicia, propuso que el proceso se realizara sin traer de vuelta el avión, aunque no pudo confirmar si esto era viable. El juez Murphy expresó su preocupación por la posible violación de derechos humanos en Sudán del Sur y sugirió que los funcionarios de la administración podrían haber cometido desacato criminal.
Declaraciones Oficiales
Tricia McLaughlin, portavoz del DHS, defendió la deportación, calificando a los deportados como «los individuos más bárbaros y violentos» cuyos crímenes eran «singularmente monstruosos y bárbaros». Según McLaughlin, ningún país estaba dispuesto a aceptar a estas personas debido a la gravedad de sus delitos. Todd Lyons, de ICE, respaldó esta postura, señalando que los países de origen habían rechazado recibir a los deportados, lo que llevó a la decisión de enviarlos a Sudán del Sur.
Críticas y Preocupaciones Humanitarias
La decisión de deportar a estos individuos a Sudán del Sur ha generado críticas de organizaciones de derechos humanos y abogados de inmigración. Según reportes, Sudán del Sur enfrenta una grave crisis humanitaria, con violencia generalizada, inestabilidad política y un brote de cólera, lo que plantea riesgos significativos para los deportados. Los abogados argumentaron que enviar a migrantes a un país donde no tienen vínculos y que enfrenta tales condiciones constituye una violación de sus derechos y pone en riesgo su seguridad.
Este caso se suma a una serie de enfrentamientos entre la administración Trump y el poder judicial sobre las políticas de deportación masiva. Varios jueces federales han acusado a la administración de eludir o desafiar órdenes judiciales, lo que destaca las tensiones en torno a la implementación de la agenda migratoria del presidente.
Contexto Adicional
La deportación de Muñoz Gutiérrez y los otros siete individuos refleja los desafíos que enfrenta Estados Unidos al manejar la deportación de extranjeros con condenas penales, especialmente cuando sus países de origen se niegan a aceptarlos. La elección de Sudán del Sur como destino ha sido particularmente controvertida debido a su historial de inestabilidad. Además, el caso ha puesto en el centro del debate las políticas migratorias de la administración Trump, que ha prometido deportaciones masivas como parte de su agenda.
Conclusión
La deportación de Jesús Muñoz Gutiérrez y sus compañeros de infortunio a Sudán del Sur pone de relieve las tensiones entre la acción ejecutiva y la supervisión judicial en la política de inmigración de Estados Unidos. Este caso podría tener implicaciones significativas en cómo el país maneja la deportación de extranjeros con condenas penales, especialmente cuando sus países de origen se niegan a recibirlos. El enfrentamiento legal que rodea esta deportación resalta los desafíos y controversias continuas en la aplicación de las políticas de inmigración en Estados Unidos, así como las preocupaciones humanitarias sobre el destino de los deportados.
Citas:
- Mexicano es deportado por Estados Unidos a Sudán del Sur
- Deporta EU a mexicano a Sudán del Sur
- Judge rules DHS violated court order in deporting 8 migrants
- Judge Finds Trump Administration Violated Court Order
- Trump admin deportation flight to South Sudan violated court order
Por: Tavo Santos
